A- de 2021

Conflicto de competencia suscitado entre la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Sala de Casación Civil del mismo Tribunal.

En este caso se generó la controversia porque la Sala Penal decidió tomar las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1983 de 2017 para declarar la nulidad de lo actuado por el juez de primera instancia y, por esa vía, abstenerse de resolver la impugnación.

Considera la Corte que con dicha actuación, esta autoridad afectó la celeridad y eficacia en la administración de justicia, así como la protección a los derechos fundamentales de la accionante, pese a que en reiterada jurisprudencia constitucional se ha establecido que las reglas contenidas en el referido Decreto no pueden ser usadas por el juez de tutela para rechazar la competencia o declarar la incompetencia de otra autoridad judicial.

Indica igualmente, que la alteración de la competencia en el momento procesal en el que se encontraba la acción constitucional, desconoció el principio de perpetuatio jurisdictionis.

Se dirime la controversia con la remisión del expediente a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, para que resuelva impugnación presentada por la parte accionante.

Se hace una advertencia a esta autoridad para que en lo sucesivo se abstenga de decretar la nulidad de lo actuado en primera instancia con fundamento en las reglas de reparto del Decreto 1983 de 2017.

A la otra Sala se le advierte que, los conflictos de competencia en materia de tutela deben ser resueltos, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550/18.